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>>19/11/17 
     
 
Debate abierto: Linux seduce a los Gobiernos
La guerra entre el software libre (conocido también como "gratuito") y software licenciado (o propietario) se intensifica por momentos. Y la contienda más importante se está librando en el campo de las administraciones públicas. Cada vez son más los Gobiernos, de todo signo político, que confían en los sistemas abiertos y libres, en especial Linux, con el consiguiente malestar de los grandes fabricantes de programas informáticos.

El Gobierno del Reino Unido anunció hace unas semanas que intensificará su apuesta por el software libre, y no sólo lo hará a través de su propia Administración, sino también con iniciativas a escala comunitaria, cuando asuma la presidencia semestral de la Unión Europea el próximo 1 de julio.

También el Gobierno brasileño está protagonizando una de las mayores apuestas a favor del software libre. El equipo de Lula ha puesto en marcha un ambicioso programa para impulsar la informatización de los ciudadanos mediante ordenadores baratos, conexiones a Internet asequibles y software libre. El programa quiere llegar a siete millones de hogares y pymes, y cada ordenador llevará preinstalados 27 programas libres, siguiendo los consejos de Walter Bender, del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT). Bender recomendó al Ejecutivo de Lula apostar por software libre asegurando que éste, si es de alta calidad, "es una manera mucho más adecuada de estimular el uso de ordenadores que las pobres y reducidas versiones de software propietario propuestas por la industria".

La posición favorable al software libre por parte de ciertas administraciones -entre ellas algunas españolas como las de Extremadura, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha o Aragón- ha despertado recelos entre algunas empresas como Microsoft. Además ha desatado un duro debate sobre si los Gobiernos deben apostar abiertamente por el software libre frente a otras soluciones aportadas por la industria.

En el caso de la Generalitat Valenciana, Esteban González Pons, consejero de Relaciones Institucionales y Comunicación, aseguró que la Administración debería utilizar software libre y destinar los recursos que se están gastanto en las licencias en asistencias social, sanitaria, educación, etc. Afirmó que era absurdo seguir en esa línea, 'porque existe uno libre y uno para cuyo uso se necesitan licencias, y las Administraciones públicas lo compran, cuando lo pueden obtener de otra manera'. No es el único que piensa de este modo, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de Extremadura, o Manuel Chaves, de Andalucía, comparten su opinión.

El profesor de tecnologías de la información del Instituto de Empresa, Enrique Dans, menciona en su blog un estudio comparativo entre escuelas británicas que utilizan software libre frente a las que usan programas propietarios, que demuestra que las primeras se ahorran en torno a un 24% por ordenador. Como contrapunto advierte que 'Linux sigue representando un mundo complejo y difícil de manejar para un usuario medio' y que no se puede dar la espalda a una alternativa que podría cambiar la historia, como ya hizo en su día Microsoft con Windows.

Una de las razones de peso de quienes defienden que las Administraciones públicas es que el software libre estimula la independencia de los proveedores de programas. Esta cuestión es particularmente sensible en el ámbito educativo, porque si se educa a los niños con un software que no pueden modificar sin permiso del propietario no les estamos enseñando a trabajar con software, sino simplemente a ser usuarios de una marca determinada.

Hispalinux, la Asociación de Usuarios Españoles de GNU/Linux, asegura que la adopción de software libre en la Administración permite optimizar la inversión en tecnologías de la información, fomenta la innovación tecnológica, mejora la competitividad y evita la brecha digital.

Del otro lado están defensores del software propietario, como Microsoft, que insiste en que Linux no sale más barato, porque aunque el sistema operativo sea gratuito existen otros gastos asociados en servicios que encarecen la solución a la larga. Steve Ballmer, presidente de la compañía, mantiene que este tipo de programas gratuitos 'aún tienen que demostrar que crean empleo', mientras el 70% de los puestos de informática guarda alguna relación con Windows. Añade que las soluciones de Microsoft son hasta un 22% más baratas que las de Linux y que algo 'por lo que no se paga' no es positivo para la economía.

Microsoft sostiene que es difícil innovar cuando no hay recompensa económica y que las administraciones públicas deben analizar todas las opciones de software bajo licencia disponibles para elegir la que objetivamente -según criterios de coste total del sistema, seguridad, facilidad de uso, interoperabilidad, etcétera- aporte más valor.

Lo más razonable parece ser apostar por un mercado con diversidad, donde soluciones libres y propietarias se combinen y enriquezcan la oferta, ya que si queremos respetar las leyes que defienden la libre competencia las administraciones públicas no deben utilizar aplicaciones que sólo funcionen con los productos de una determinada empresa, algo que obligaría a los ciudadanos a comprar los programas de dicha empresa para acceder a un servicio público.

Esto supondría que Microsoft deberá asumir que muchos ciudadanos, empresas y Gobiernos prefieran programas de código abierto y libre por razones de costes, tecnología o, simplemente, porque no quieran mantener una dependencia tecnológica con ellos que puede extenderse a lo largo de los años. Y lo defensores de Linux y del software libre, deberán asumir también que, aunque es interesante buscar alternativas, las que existen hoy en día siguen siendo complejas para el común de los mortales.

FUENTE | Cinco Días
Autor: Marimar Jiménez
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