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>>21/11/17 
     
 
La batalla por el valor de la creación
La UE fijó en 2001 el marco jurídico que da protección a los derechos de autor en la sociedad de la información. Los Estados han ido adecuando desde entonces sus respectivas leyes a esa directiva europea con la facultad de establecer determinadas excepciones o limitaciones. No ha sido tarea fácil, y unos cuantos países van retrasados en la transposición de la norma. España debate en estos momentos la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Establecer cuál es el valor de la creación y armonizar los intereses de autores, industria, usuarios y ciudadanos es una tarea que se ha emprendido con la firme voluntad de alcanzar el mayor nivel de consenso en un mundo en el que el avance tecnológico plantea nuevos retos cada día.

La Ley de Propiedad Intelectual es el conjunto de disposiciones que se ocupan de tratar de los derechos de los creadores en un mundo que cambia a marchas forzadas. Las nuevas tecnologías, cuyo uso se ha generalizado en los últimos años, han alterado radicalmente las reglas de juego, y los legisladores de la Unión Europea han intentado adaptar las viejas normas a una realidad diferente. Lo han hecho a través de la llamada Directiva de la Sociedad de la Información, que todos los países de la Unión debían haber incorporado a sus respectivas legislaciones antes del 22 de diciembre de 2002.

España va un tanto retrasada. El último 22 de julio el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley que incorpora la directiva europea a la legislación española. Es ese proyecto el que se está discutiendo ahora en el Congreso, y el que ha provocado reacciones diferentes. Tal como explica Pedro Farré, director de Relaciones Corporativas de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), "de lo que ahora se trata es de reformas pequeñas que no cambian el régimen de propiedad vigente". También lo dice Magdalena Vinent, directora general del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO): "Es sólo un parche. No cambia lo fundamental, pero sí modifica algunas cuestiones que afectan directamente al sector del libro".

La ley que está siendo sometida a esta pequeña intervención quirúrgica que exige la legislación europea, para adecuarla al nuevo entorno digital, es el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual que se aprobó, con un consenso político muy alto, en 1996. "Lo que se ha hecho es intentar armonizar los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital", explica Concepción Becerra, secretaria general técnica del Ministerio de Cultura. "Una de las novedades en el catálogo de derechos es el reconocimiento explícito en esta ley del derecho de puesta a disposición interactiva. Es decir, que se reconoce el derecho que tiene cualquier usuario, gracias a las nuevas tecnologías, de acceder a las obras en el lugar y el momento que elija. Ahora, si quiero, puedo ver una película en la playa desde mi ordenador portátil en el momento en que me apetezca, por ejemplo".

El otro asunto sensible afecta a la regulación del régimen de copia privada. La legislación española reconoce el derecho de los usuarios a hacer copias de determinadas obras para su uso privado. "Aquí de lo que se trata es de discutir los límites", explica Concepción Becerra. Cuando Farré se refiere a este asunto habla de "remuneración compensatoria por copia privada". Dicho de otra manera: que se debe compensar a los autores por la utilización de su obra en el ámbito doméstico a través de la copia privada gracias a las nuevas tecnologías.

En este punto, ha habido consenso entre las sociedades de gestión de derechos y los fabricantes, y estos últimos (y los distribuidores de CD, DVD y de escáneres multifunción) han de pagar un canon que compensa a los autores por esas copias domésticas que se permiten en España. El canon repercute en los usuarios, que pagan un poco más al comprar los soportes (los CD o DVD vírgenes...), digamos que por el concepto de "derechos de autor".

El derecho a la copia privada, reconocido en la legislación española, obliga también a las empresas a que no utilicen "medidas tecnológicas de protección", dice Becerra, que evitan que las obras (un CD, un DVD) puedan copiarse. "Si en la legislación actual no había límites en el derecho de hacer copias, la nueva ley sólo permite que se hagan tres copias para uso privado", explica.

La reforma podrá ser mínima, podrá ser un parche, pero la materia que regula la Ley de Propiedad Intelectual es tan sensible, que el cambio de sitio de una coma puede desencadenar la catástrofe. Un comunicado de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP) dejaba vislumbrar lo que hay detrás de la reforma que se discute en el Congreso. La directiva europea nace para intentar detener el incremento de los delitos contra la propiedad en Europa, que en nuestro país "está afectando a los 100.000 puestos de trabajo del sector audiovisual (sector cinematográfico, videográfico y de videojuegos)". Y daban cifras: en 2004, hubo "70 millones de reproducciones ilegales frente a 46 millones distribuidas legalmente", lo que supone unas pérdidas de 750 millones de euros en el sector audiovisual y 300 millones de euros en el sector de videojuegos.

"No estamos de acuerdo con el derecho privado a hacer tres copias", cuenta Pedro Pérez, presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales de España (FAPAE). "Nos lo jugamos todo y hay muchas cosas que están cambiando: el mercado se transforma, hay nuevas formas de explotación, está Internet y el disco duro. Las tres copias favorecen la piratería y si ahora nos equivocamos, pervertimos todo el modelo. ¿Quién va a invertir si hay muchos riesgos para la recuperación de la inversión?".

La complejidad de la Ley de Propiedad Intelectual es tal, y hay tantos intereses enfrentados, que "no se puede complacer a todas las partes, y todas tienen algo que ceder", dice Becerra. Farré es rotundo: "La SGAE no va a admitir rebajas en la protección de los derechos de los autores. Es importante que haya satélites, cables de fibra óptica, nuevos dispositivos electrónicos, diferentes operadores de comunicación. Pero no tienen ningún sentido si no existen los contenidos que circulen por ahí. Y esos contenidos los producen los creadores. Y los derechos de propiedad son el salario que cobran para hacer dignamente su trabajo".

UN LABERINTO DE INTERESES

La Ley de Propiedad Intelectual desencadena apasionados debates, pues opera sobre un territorio en el que se mezclan intereses diversos y muchas veces enfrentados. Están, por un lado, los usuarios, dentro de los que el ciudadano corriente es el último eslabón de una larga cadena. Antes están las televisiones, las empresas, la hostelería, los bares y un largo etcétera. "Cada vez que se utiliza una foto, en la televisión por ejemplo, se paga un porcentaje de derechos de autor. Y ocurre también cuando se pone una canción en un hotel", explica Concepción Becerra. En el otro lado están las entidades que gestionan los derechos de autor, y que se ocupan de que los creadores de un libro, de una película o de una melodía puedan cobrar cada vez que se utiliza su trabajo.

Así que hay que generar entre todos los sectores implicados el suficiente consenso para que las cosas funcionen y no se distorsionen los distintos ámbitos por los que circula una producción artística o intelectual. Productores, distribuidores, consumidores, creadores, operadores de telecomunicación, televisiones y las industrias que están detrás de cada sector (el cine, el libro, el teatro, la música, los videojuegos, etcétera).

Durante los últimos días, CEDRO se ha pronunciado también a propósito de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual señalando que vulnera al sector del libro. Y es que hay determinadas circunstancias en las que la ley determina que el autor no tiene derechos sobre su obra. En este proyecto de modificación, en el caso de que esas obras sirvan como ilustración con fines de enseñanza (fotocopias de un poema de García Lorca, por ejemplo). "No se ha establecido, como sucede en otros países europeos, una compensación a los autores por la utilización de sus obras en el ámbito de la enseñanza", comenta Magdalena Vinent. "Pero es que, además, la ley permite la comunicación pública de obras a través de redes internas en bibliotecas y otras instituciones culturales. Si una de ellas tiene una gran cantidad de obras, las demás disponen de todo ese material. No hay compensación alguna, y si las cosas siguieran por esos derroteros, en breve no habrá ya manera ni de editar, ni de escribir".

FUENTE | El País Digital
Autor: José Andrés Rojo
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